Adulto/a Mayor

Si visualizamos la necesidad de fundar de nuevo nuestra sociedad sobre la obligación de proteger derechos no podemos olvidarnos de los más vulnerables y en primer lugar a los mayores, para lo cual estableceré un bono solidario para todos los adultos mayores que se encuentran en estado de pobreza. Las leyes desde hace tiempo instituyen la obligación del estado a la protección social. Sin embargo, gran parte de los adultos mayores sufren pro- blemas de abandono de sus familias y la desprotección del Estado.

Según datos de la Dirección General del Adulto Mayor, adjunta a la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, se registra que en Honduras habitan 800,000 personas de la tercera edad, de los cuales el 43% (334,000 personas) viven en la extrema pobreza. Un informe presentado por Helpage International, organización dedicada al estudio de la población mayor en el mundo, asegura que nuestro país es el que peor trata a quienes envejecen.

En la dinámica demográfica hondureña, las personas mayores de 60 años tienen un peso porcentual que se incrementa de año en año. Y con ello aumentan las necesidades de prestación de salud entre otras, lo que consecuentemente, requiere de un incremento de recursos. Este tipo de inversión social suele ser calificada como gasto de muy alto costo y baja rentabilidad por los organismos financieros con una óptica neoliberal, siendo por ello necesario redireccionar las finanzas públicas y privadas, en un modelo que permita solventar de manera integral los problemas estructurales que afectan al adulto mayor.

Las inversiones formuladas en las políticas públicas deben ser específicas, y se necesitan reformas a la actual Ley Integral de Protección al Adulto Mayor, destinando un presupuesto estatal mayor a programas y proyectos que conceptualicen los lineamientos de esa política, vistos como cumplimiento de derechos, y no como una “carga social”.

El 6 % de la población pertenece al grupo de mayores que sufre el abandono, maltrato y discriminación, sin embargo, las políticas públicas del modelo insensible de la Dictadura no han prestado atención. Y más bien ha estado reorientando los fondos de pensiones para cubrir sus baches fiscales. Bajo abuso en vez de administración nacionalista, el IHSS ha venido sacrificando sus fondos (específicamente el fondo de vejez y muerte, sin la debida socialización), bajo la Ley de Aceleración Económica y Protección Social, que como tantas otras se aprobó de manera irregular. Por otro lado, el monto destinado en el presupuesto a esta política de atención al mayor necesitado es de casi 7 millones de lempiras, de modo que si hay más de 800 mil adultos mayores en el país, supone ¡una erogación de aproximadamente L. 8.5 por persona mayor de edad! Y si casi la mitad de ellos son pobres, habrá L. 17 al año para ayudar a cada anciano pobre.

Según la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) esos fondos se distribuyen su- puestamente a diferentes organizaciones encargadas al cuidado de los hogares de ancianos, pero los representantes de los asilos niegan estar recibiendo esa cantidad, dejando en evidencia la terrible administración y gestión para cumplir con los derechos de este grupo etario. Especialmente en este contexto donde se requiere mucho apoyo con insumos de bio- seguridad y asistencia médica. Pues la pandemia por COVID-19 ha afectado en mayor medida a estas personas de la tercera edad en todo el mundo, y en Honduras, más. Y ha habido incontables muertes en los asilos.

Según un informe presentado por la CEPAL, Honduras es el país que tiene menor cobertura por jubilaciones, en Centroamérica que es la región que a menos jubilados cubre en América Latina. La realidad de los adultos mayores es lamentable, dado que un gran porcentaje llega a los 60 años siendo el sustento de sus hogares, viéndose obligados a continuar trabajando sin tener la oportunidad de una jubilación adecuada. Las cifras son alarmantes, el 99.5 %, de este grupo etario, están ocupados y el 0.5 % desocupados. De los ocupados, el 67.5 % son hombres y el 32.5 % son mujeres.

En materia del Adulto Mayor, proponemos con una actitud humana:

1. Hacer un seguimiento especializado de la situación todo este grupo etario, a partir de una comunicación con ellos por todos los medios posibles, con el objeto de dar una mejor atención a las demandas que expresan.
   
2. Garantizar un acceso integral a los servicios de salud, dado que no hay una cobertura aceptable de la seguridad y previsión social, compensando más de manera estratégica a las mujeres, dado que los hombres tienen una mejor inserción laboral formal.
   
3. La ley que regula el trato y los beneficios del adulto mayor necesita revisión y actualización, para el pleno goce de sus derechos, especialmente salud y educación.
   
4. Ampliar el acceso a servicios para las personas adultas mayores que no cuenten con pensiones, jubilaciones o que no reciben remesas.
   
5. Crear un programa de fortalecimiento de los lazos familiares, con movimientos y organizaciones sociales, asociaciones y colectivos, que impulse más la valoración del mayor de edad como guardián y educador en el hogar y la comunidad.
   
6. Diseñar un programa de interacción intergeneracional de beneficio mutuo, que permita el intercambio y dinámicas sociales positivas entre jóvenes estudiantes y adulto mayor.
   
7. Creación por parte de la Secretaría de Salud y los gobiernos edilicios de los servicios gerontológicos y geriátricos.