Estado Abierto y República Digital

El gobierno del Poder Ciudadano inició desde su inauguración una serie de acciones de par- te del para involucrar a la población hondureña en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas estatales, por medio de la Ley de Participación Ciudadana (Decreto No. 3- 2006). A finales del 2006, se aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) (Decreto No. 170-2006), cuyo objetivo es hacer efectiva la transparencia en el ejercicio de la función pública y combatir la corrupción por medio de la veeduría social, convirtiendo a la ciudadanía en protagonista y gestor de su propio destino. Se quería facultar a los ciudadanos para que asumieran su papel en el Estado.

Posteriormente la política del golpismo ha sido la inversa para legalizar la injerencia estatal en las vidas de los ciudadanos y así el 26 de enero de 2011 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, la Ley Especial Sobre Intervención de las Comunicaciones Privadas“ Ley de Escuchas” (Decreto 243-2011) que brinda facultades al gobierno a intervenir y vigilar a las comunicaciones de la ciudadanía sin su conocimiento, ni la debida auditoria social, violentando el derecho a la privacidad.

El 7 de marzo de 2014 en contubernio con la clase golpista del bipartidismo el “gobierno” publica en el Diario Oficial La Gaceta, la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional“ Ley de secretos” (Decreto No. 418-2013), que ha servido para el encubrimiento ilegal del accionar nefasto del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que infringe la separación de poderes del Estado, uno de los preceptos más importantes de la teoría republicana, embargando el funcionamiento de un equilibrio interno y un Estado de Derecho.

No obstante en el 2011 Honduras ingresó a la Alianza de Gobierno Abierto e implementó su primer plan de acción; desde su ingreso a esta iniciativa multilateral que cuenta con 75 gobiernos nacionales, la dictadura ha ejecutado cuatro planes de acción para convertir a Honduras en un Estado Abierto que han terminado en fracaso, ya que su gestión está plagada de corrupción, como el desfalco del Instituto Hondureño del Seguro Social (IHSS), la compra de hospitales móviles de parte de INVEST-H, el robo de 282 millones de lempiras en el “Caso de Pandora”, la malversación de 30 millones de lempiras de parte Nasry “Tito” Asfura, la falsa legitimidad promovida por la dictadura por medio del “Caso Hermes”. En un sondeo de opinión elaborado en el año 2020 por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ); 8 de cada 10 hondureños y hondureñas creen que la corrupción está muy extendida en el gobierno central.

La construcción de un Estado Abierto, donde me comprometo a que el acceso al internet sea un derecho humano y gratis para los estudiantes, y que todos los poderes del Estado puedan garantizar acceso a la tecnología, innovación, transparencia, rendición de cuentas y participación informada de la ciudadanía en las funciones gubernamentales, puede servir para restañar la credibilidad de la institución pública y que sea la población la que avale el accionar a favor del bienestar común.

El acceso de la ciudadanía a la información del Estado creará las herramientas necesarias para impulsar una democracia participativa, superando la tradición electoral como método único de participación en las decisiones estatales.

La exclusión material y cultural de la ciudadanía del accionar político se profundiza con la desigualdad en el acceso a la información, creando una brecha irreconciliable entre la mo- dernización de la Administración Pública y el acceso a derechos que la ciudadanía debe ejercer. La revolución de las comunicaciones permite sin embargo y obliga a devolverle a la ciudadanía el estado secuestrado, habiéndole acceso a sus procedimientos burocráticos a través de tecnologías digitales.

En materia de Estado Abierto y República Digital, proponemos:

1. Establecer el gobierno digital abierto es una plataforma primordial para modernizar el Estado al proveer herramientas tecnológicas para garantizar acceso del ciudadano a la información pública. Y al invitar a la institucionalización de esos accesos en los municipios podría crear un sistema nacional de interoperabilidad de la Administración Pública que agilice los procesos de trámites gubernamentales y reduzca el costo del gobierno y del usuario.
   
2. Realizar una auditoria forense a la Administración Pública, para reformular y/o derogar todo Contrato o Ley lesiva y contraria a estándares de Derechos Humanos que atenten contra la transparencia, libertad de expresión, acceso a la información pública y participación ciudadana. Como el Art. 287 de la constitución y la Ley Especial de Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (Decreto 239-2011), cuya derogación es necesaria para recuperar la separación de los tres poderes de Estado.
   
3. Fomentar en El Congreso un Sistema Digital de Transmisión de Fuente Abierta de las Funciones Legislativas en Tiempo Real, que permita el escrutinio público en la creación de leyes, transparentando la redacción de proyectos de Ley, sus cambios durante la sesión legislativa y la participación de las y los diputados en todo el proceso.
   
4. Convocar a Asambleas Ciudadanas para organizar la influencia del pueblo soberano, formalizando su participación directa en las políticas públicas municipales a través de mecanismos digitales y personales.
   
5. Promover la Agenda Abierta donde cada institución de los tres poderes del Estado publicará, a través de sus plataformas, la actividad de sus máximas autoridades, además de la agenda de reuniones y eventos institucionales, donde se detalle los temas a discutir y las personas que asistirán.
   
6. Promulgar en Ley el Presupuesto Municipal Participativo donde la ciudadanía en conjunto con sus autoridades locales, decidirán de forma vinculante la asignación de recursos públicos para diferentes proyectos municipales, priorizando una distribución equitativa para los grupos históricamente olvidados. Se realizarán asambleas comunales para la recolección de propuestas y se impulsará a la juventud de 13 a 25 años a ser parte del presupuesto participativo joven. Tener más participación en el presupuesto garantiza transparencia dentro del gobierno y permite que las sociedades civiles tengan más impacto dentro de sus propias comunidades y se empoderen de y propaguen la importancia del compromiso cívico.