Juventudes

La estructura poblacional de Honduras refleja un país en transición conformado ya en su mayoría por población joven. Según el INE, el 43.5% de nuestros 9.391.377 habitantes (2021) es menor de 20 años. Una condición que supone un inmenso potencial y un grave peligro. En esta transición demográfica el grupo poblacional juvenil creció en más de un 20

% desde 2003, sumándose ya a los grupos de edad que conforman la Población Económicamente Activa (PEA). La población en edades productivas (los jóvenes) se ha ido convirtiendo en el subgrupo más importante del total dado que ha ido y va incrementando su presencia progresivamente: de 4.2 millones en el año 2005 se elevará a 7 millones en 2025, llegando a 9.2 millones cuando alcance un cenit en el 2050 (UNFPA, 2008).

Ese incremento de la población potencialmente productiva constituye una ventana de oportunidades. Pero tendrá impactos positivos o negativos en función de las políticas que el Estado adopte, pues en la medida que se tomen decisiones acertadas para aprovechar el potencial de población en edad de trabajar, capacitarla y abrirle oportunidades habrá mayores posibilidades de desarrollo para el país. Esa juventud seria la energía para el despegue. En el caso contrario, este gran contingente de PEA será una pesada carga que aumentará la problemática social y cuando envejezca entrará en calamidad.

Por hoy, la juventud constituye un grupo poblacional especialmente desfavorecido, enfrentado a muchos riegos en una sociedad inequitativa. Sufre en mayor medida la vulneración de sus derechos, falta de acceso a servicios básicos de salud y educación, discriminación, desempleo y escasos niveles de participación en la vida cívica. El joven es también el sector que más sufre las consecuencias de la violencia y los efectos de la corrupción del régimen, que se instauró en el país desde el Golpe de Estado del año 2009. Y que hoy se rehúsa, quien sabe por qué, a entregarle su primera tarjeta de identidad.

Frente a la problemática de inseguridad y delincuencia, el Estado de Honduras ha priorizado un enfoque basado en la judicialización y penalización, que implica la persecución penal y estigmatización criminal de la juventud, en vez de priorizar la construcción de un sistema integral de garantías que ubique a la juventud en el corazón del proceso de desarrollo.

El desempleo juvenil afecta sobre todo a los más calificados (el 18.8 % entre los que tienen educación superior y apenas el 4 % entre quienes sólo cuentan con enseñanza primaria), sin embargo, el problema real es el subempleo y el empleo precario (tres de cada cuatro puestos de trabajo ocupado por jóvenes son informales). Se estima que ya hay 900,000 jóvenes “ninis” (que ni estudian ni trabajan). Entre los jóvenes de 15 a 24 años ocupados, apenas el 12 % cuenta con cobertura de seguros de salud, al tiempo que el 71.1 % no cuenta con un contrato escrito. Asimismo, cuatro de cada diez jóvenes tienen salarios ubicados por debajo de dos tercios del promedio general. (STSS, 2018).

En materia de Juventudes, proponemos:

1. Abrir una Línea y App de Apoyo Psicológico y social para adolescentes y jóvenes; donde los/as participantes se sientan atendidos e integrados a su familia y a su comunidad, como medida de prevención y para la inserción social del joven alienado, incluso inserción laboral.
   
2. Con los ahorros de las políticas fiscales y los nuevos ingresos del aumento de la producción, crearemos 50 mil plazas nuevas de empleo para jóvenes, en proyectos de reforestación y tecnología.
   
3. Establecer un Observatorio Nacional de Derechos de la Juventud; Unificando los trabajos y criterios que se vienen desarrollando, desde distintas plataformas de derechos humanos, en especial los que realizan trabajos de recopilación de datos y generan propuestas en torno al tema de los/as jóvenes en Honduras, a fin de contar con información y datos consolidados, y consensuados, para la formulación de políticas integrales.
   
4. Revisar y Actualizar la Ley Marco para el Desarrollo Integral de La Juventud; para evaluar su aplicación y desempeño para mejorar e innovar en sus instituciones y proponer normas en busca de un marco regulatorio más actualizado que procure, bajo el enfoque de derecho, la protección social para los jóvenes. Todo esto, bajo un proceso altamente participativo y transparente, de validación y socialización continuada.
   
5. Crear un Programa de Formación Nacional sobre Juventud, Derechos, Democracia, Desarrollo y Liderazgo Ético; para incorporar en el currículo de las escuelas, universidades, públicas y privadas para generar conciencia en el joven.
   
6. Crear casas de transición para jóvenes en el Sistema Nacional Penitenciario a punto de salir bajo el Paradigma de Reintegración Social; Diseñando casas y modelos exitosos de transición para evitar la reincidencia delictiva.