Lucha contra la Corrupción y el Abuso de Poder

El Golpe de Estado del 2009, inauguró un proceso de deterioro acelerado en la calidad democrática y republicana de las instituciones.

El régimen sucedáneo del Golpe lógicamente ha mantenido una actitud hostil contra la lucha anticorrupción. Y esa degradación de la vida pública redundó en un retroceso en el avance de la administración proba y de las políticas de transparencia que se iniciaron impulsadas con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública promulgada en el Gobierno del Poder Ciudadano.

Las efímeras conquistas alcanzadas por la población movilizada y masacrada en los últimos años por el régimen golpista, avanzaron de manera tímida y han estado sucedidas por violentos y exitosos embates mediáticos y represivos por parte de las élites económicas y políticas que se blindan con un andamiaje legal para su arbitrariedad que hemos dicho ya que debe desmontarse.

El origen, vida y muerte de la MACCIH ilustran bien el tema. La instalación de la Misión fue originalmente exigida por el ex Presidente Zelaya incluso antes de la negociación para la firma del Convenio de Cartagena. Por esa razón, más tarde la solicitó sin compromiso el expresidente Lobo a la ONU y finalmente se instaló en el marco de la OEA luego de la movilización ciudadana de 2015 por el escándalo del fraude en el Seguro Social.

Pese a los bloqueos permanentes de la élite, la MACCIH logró la judicialización de 11 casos de corrupción en contra de 112 personas, incluyendo 80 funcionarios(as) públicos(as), con un monto financiero afectado de centenares de millones. Más allá de estos casos, el principal aporte de la MACCIH fue poner en evidencia y la penetración de las redes de corrupción en los más altos niveles del Estado. El 17 de enero de 2020, y producto de estos avances, aunque el gobierno había anunciado que haría lo contrario, el bipartidismo y las élites dominantes decidieron no renovar el convenio entre la OEA y el gobierno de Honduras, es decir terminar la Misión, del mismo modo que meses antes había terminado el Presidente Jimmy Morales con la CICIG en Guatemala.

Actualmente la estructura política montada por el bipartidismo y las élites económicas han convertido a Honduras en una cleptocracia, en donde el Estado se convierte en un intermediario para facilitar el saqueo de recursos y donde toda necesidad o emergencia social muta en una oportunidad para el saqueo: la sequía en el corredor seco aprovechada como oportunidad para saquear la Secretaría de Agricultura y Ganadería, la pandemia del COVID-19 para robar los fondos para hospitales y la tormenta tropical de Eta y Iota para robar el dinero destinado a ayuda humanitaria e infraestructura de protección por la cooperación. Evidentemente, no es posible atacar la corrupción sin plantearse la refundación del Estado y sus formas.

Por mientras entramos en materia de lucha anticorrupción. Luego de promover la alianza legislativa necesaria como anticipamos, procederemos a:

I. Derogar en lo que procede el Código Penal de la Impunidad e introducir reformas para facilitar la intervención ciudadana en la persecución del delito público, fortalecer las penas, definir con precisión las medidas sustitutivas y proteger el derecho a la denuncia, que se investigue y se castigue al corrupto y al corruptor; que se resalte en la sociedad el derecho de la diferenciación premiando la honradez, distinguiendo al ciudadano o ciudadana u operador de justicia ejemplar, y a toda persona que condene con vehemencia al delito. Para desmontar la impunidad procederé a derogar:

1. Ley para el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que creó la dictadura, subordinándole al Ejecutivo los demás poderes del Estado, que tenían que balancearlo.
2. Ley para la clasificación de documentos públicos relacionados con la seguridad y defensa nacional, conocida como “Ley de Secretos”, que, entre otras cosas otorga la facultad de clasificación de documentos al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), modifica la definición de “confidencial” de la LTAIP, amplía los plazos de secretividad.
3. Ley de seguridad poblacional, que amparó, entre otras cosas, el pago de deudas de la ENEE a través de la inversión en bonos energéticos, y la compra de un avión presidencial, el cual pondré a la venta en el primer día de mi gobierno. Acciones declaradas en secretividad al amparo de reformas espurias introducidas a la ley.
4. Determinar la temporalidad de la ley de Policía Militar del Orden Público que militariza el orden civil y contamina a la fuerza armada con una función ajena.
5. Reserva de información de MI AMBIENTE, en el que se decretó una reserva de información sobre lo relativo a los Estudios de carácter técnico contenidos en las solicitudes de licencias ambientales, como la ubicación de estos mismos.
6. Ley Especial para la Gestión, Asignación, Ejecución Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales
7. Ley Orgánica del Congreso que genera ahí un régimen autoritario de privilegio oficial sistemáticamente abusado.
8. Ley de escuchas, todas aprobadas en la llamada hemorragia de leyes de enero del 2014.
   

II. A raíz de los numerosos escándalos de corrupción y la no renovación del convenio de la MACCIH se inició un proceso de desarticulación del circuito anticorrupción con reducción del presupuesto, limitación de funciones y pérdida de autonomía de la extinta UFECIC, ahora UFERCO. A raíz de los numerosos escándalos de corrupción, el pueblo ha reclamado en las calles desde 2015 la instalación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad. Ante el clamor popular, la dictadura se vio orillada a negociar con la OEA una Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), a la cual debemos reconocer sus esfuerzos por instalar las bases para un Sistema Nacional Anticorrupción. Estos esfuerzos fueron boicoteados al final por la propia OEA, servil a intereses ajenos a los del país y a los pactos de impunidad del régimen. Con la expulsión de la MACCIH se inició un proceso de desarticulación de su legado.

Nos aseguraremos el apoyo de las Naciones Unidas, que cuenta con una mayor experiencia, para fortalecer el circuito anticorrupción y crear La Comisión internacional contra la impunidad y la corrupción protegiendo nuestra soberanía nacional.

III. Realizar una investigación forense a fondo con extensa participación de ciudadanía organizada de todos los actos de corrupción y violación a los derechos cometidos por distintos órganos del Estado, para determinar la culpabilidad y las responsabilidades correspondientes.

IV. Estableceré, promoveré y consolidaré, en costumbre, una Ética Pública de Probidad, Integridad y Honestidad, como compromiso de transparencia, ético, humano y moral personal con y al servicio del pueblo.

V. Actualizar la legislación vigente en la materia para garantizar un compromiso con el “Servicio Público”, especialmente una Ley del Reclutamiento, selección, profesionalización, ascenso, reconocimiento y remoción de los empleados y funcionarios sobre la base de mérito, capacidad, compromiso y actuación apegada a Ley.

VI. Instituir una Reforma integral al sector público en donde se establezca la acreditación de competencias de los y las servidoras públicas. La contratación de personas sin competencias para sus cargos es un acto inmoral de ambas partes.

VII. Reformar la Ley del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), con el propósito de quitar los estorbos que les han puesto y fortalecer la intervención ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil en la vida pública nacional.

VIII. Potenciar la participación de la sociedad en el control social de la gestión pública impulsando la realización de auditorías sociales formales tanto a nivel sectorial, local como nacional cuyas recomendaciones tengan carácter vinculante. Se facilitarán los instrumentos necesarios y apropiados para la gestión conjunta del pueblo-gobierno en los programas y proyectos sociales productivos, comunitarios.

IX. Auditar todos los fondos públicos, especialmente subsidios, asignados y erogados por la presidencia de la República y el Congreso Nacional.