Seguridad Ciudadana

En materia de seguridad el régimen del Partido Nacional ha optado y profundizado la política mano dura y militarización que no ha dado resultados positivos en ningún lugar del mundo. Porque toma el rábano por las hojas y confunde el síntoma con la enfermedad. Se ha incrementado el presupuesto destinado a la defensa y a la seguridad por encima de los presupuestos asignados a la salud, la educación o la inversión. La secretaría de la Defensa ha aumentado su presupuesto en 303.4% al pasar de L. 2,101.3 millones en el año 2009 a L.8,530 millones en el año 2020. El presupuesto de la Secretaría de Seguridad se ha incrementado en 152 % al pasar de L. 2.704.10 millones en el 2009 a L 6,569.5 millones en el año 2020. Lo que no ha obstado para evitar extorsiones en la vía pública, brutalidad, violación y hasta homicidios a manos de los agentes depurados. Mientras la población vive en zozobra y se ve forzada a huir del país.

Este régimen ha hundido al país en una violencia generalizada, con niveles de impunidad estructural sin precedentes. Más de sesenta y tres mil personas han sido asesinadas y más de mil masacres han ocurrido desde Julio de 2009 hasta Junio de 2020. La gran mayoría de estos crímenes han quedado en la impunidad absoluta, ni siquiera está documentada. Honduras es el país con mayor nivel de impunidad en Latinoamérica y el segundo país con mayor impunidad del mundo. Bajo la guardia del Partido Nacional hecho gobierno se ha convertido en un paraíso para criminales. Y un infierno para sus víctimas.

Se investiga solamente cuatro de cada cien homicidios. Esto se debe a que el sistema judicial ha sido capturado por un sistema político perverso que utiliza la justicia de manera selectiva para afianzarse. La actual Corte Suprema de Justicia elegida en 2016, tuvo que ser votada en seis ocasiones en el Congreso Nacional y el resultado final fue condicionado por intereses del bipartidismo, sin mencionar que casi todos(as) los(as) seleccionados obtuvieron una calificación deficiente en las evaluaciones. Adicionalmente, el nuevo Código Penal aprobado por el bipartidismo criminaliza como figuras penales ilícitas una serie de actividades cruciales de protesta y manifestación cívica.

Y mientras se tipifica de criminal la actividad cívica, el narcotráfico ha capturado el Estado y las entidades de seguridad en Honduras. Así queda evidenciado en las múltiples acusaciones, en juzgados nacionales y de Estados Unidos, en las que se señala a exalcaldes y exdiputados, ex-oficiales policíacos como narcotraficantes o cómplices de estas estructuras.

Los impactos de la violencia han sido devastadores:

• Más de 247 mil personas han sido desplazadas a causa de la violencia y más de 78 mil han solicitado asilo afuera del país. La mayoría de los solicitantes de asilo en EUA y México son hondureños
• A causa de la extorsión más de 80 mil empresas han cerrado en los últimos cinco años. Otras muchas tienen que pagar impuesto de guerra. Un sector particularmente afectado ha sido el de transporte, donde casi 2 mil transportistas han sido asesina- dos.
• El control territorial del crimen organizado ha significado que espacios como las escuelas sean utilizados para reclutamiento forzado y extorsión. Más de 1600 estudiantes han sido asesinados desde el golpe de estado como resultado de la falta de seguridad en el entorno escolar. Millones de jóvenes hondureños no estudian porque no hay espacio en el sistema educativo y no trabajan pues no tienen con qué y no hay oferta para ellos en el sistema productivo.

Propuestas en materia de seguridad. Después de resolver estas causas socioeconómicas estructurales de la delincuencia y la violencia, asegurando las oportunidades de estudio a los jóvenes y de empleo a todos, será menos difícil luchar contra los fenómenos duros que expresan esas carencias y frustraciones, desesperación y alienación. Además proponemos:

1. Formar una policía comunitaria y eficaz. Me comprometo a publicar el destino de los recursos que provienen de la Ley de la Tasa de Seguridad, la cual se maneja en forma secreta por el Estado, asimismo, ordenar una auditoría sobre los fondos asignados de esta Tasa y de la OABI. Me comprometo a promover y consolidar la formación de una policía de orientación comunitaria, debidamente preparada para tener una relación más horizontal y de confianza con la población, aumentando así su efectividad para disuadir y enfrentar el delito.
   
2. Despolitizar el sistema de seguridad y justicia. Asegurar que el funcionamiento de entidades como el Ministerio Público, Poder Judicial se rijan por políticas de interés general y un sistema de méritos, y no por intereses políticos particulares o mezquinos personales. Asimismo, LIBRE se compromete a fortalecer los mecanismos de transparencia y participación ciudadana en la selección y evaluación de los titulares de estas instituciones en el Congreso Nacional.
   
3. Combate frontal e inteligente a la extorsión y al lavado de activos como una actividad que retroalimenta a las organizaciones criminales. Desarrollar un sistema de inteligencia económica para el rastreo, detección y desactivación del lavado de capitales provenientes del crimen organizado transnacional y nacional, ligado al narcotráfico, a la minería clandestina, al tráfico de personas, a tala ilegal de madera, a la trata de inmuebles asaltados y financiamientos dudosos.
   
4. Recuperar los espacios públicos asaltados y controlados por el crimen organizado. Desplegar una estrategia de recuperación de los territorios sin ley que combine el balance entre el uso proporcionado y responsable de la fuerza, el sistema de inteligencia e investigación, y la ampliación de la red estatal de servicios de apoyo para las víctimas y la prevención del delito, incluyendo la presencia suficiente de protección en el transporte, el sistema educativo y las actividades económicas lícitas
   
5. Optimizar los sistemas de control y vigilancia territorial en las fronteras terrestres, puertos marítimos y aéreos. Fortalecer los controles para resguardar el territorio de las amenazas del crimen organizado que se aprovechan de la porosidad de las fronteras nacionales. Incluye los sistemas de rastreo, radar, patrullaje y seguridad portuaria no intrusiva. Se promoverá la seguridad compartida en coordinación con otros países, especialmente centroamericanos, pero también México y EUA para resguardar el espacio marítimo, terrestre y aéreo.
   
6. Desmilitarizar la seguridad ciudadana y confirmar su permanencia en su rol que ordena la Constitución. Asegurar la conducción civil de la seguridad y defensa y la separación precisa y respeto de las funciones propias de las fuerzas armadas y la policía, tomando como referencia la doctrina democrática de la seguridad ciudadana. Los guardianes del pueblo no pueden ser los mismos que los defensores del territorio, porque cada cual se entrena para su fin específico.

En mi gobierno implementaré políticas sociales para instituir una Honduras solidaria, incluyente y libre de violencia; en que el concepto del derecho prime sobre los privilegios y prevalezca sobre las exclusiones. De modo que podremos todo nuestro empeño en ofrendar ser- vicios de salud, educación, seguridad social y ciudadana, protección a la migración, alimentación y generación de empleo, entendidos como derechos primeros.

– Xiomara Castro