Soberanía Alimentaria |

Desarrollo agropecuario y soberanía alimentaria.

El 46% de la población hondureña se encuentra en asentamientos en zonas rurales, que mantienen dinámicas económicas vinculadas a la producción del campo y aprovechamiento del bosque.

Una de las mayores fracturas estructurales del país, es la desigual distribución de la tierra especialmente de grandes transnacionales. De acuerdo con los últimos datos estadísticos disponibles (encuesta agrícola 2008), las unidades agrícolas mayores de 50 hectáreas son apenas el 5% del total de fincas, pero concentran el 61% del total de la superficie agrícola, por su parte, las unidades agrícolas menores de 5 hectáreas que representan el 71% de las fincas, sólo disponen del 9% del suelo agrícola. De modo que lo que crece es la producción mercantil. Por supuesto que la industria del agro necesita disponer de tierras.

Datos recientes informan que, en las últimas tres décadas, la palma aceitera incrementó su superficie sembrada en 673%, lo que es insostenible y la caña de azúcar, aumentó su área sembrada en 96%. La concentración de ese suelo sin embargo no debe amenazar la alimentación básica. La alta concentración de la tierra en monocultivos de pequeños grupos de empresas y pocas familias, explica la escasez y la carestía de los alimentos, así como la extensa pobreza rural extrema. En el 2018, según datos del INE, 2,551,933 de la población mayormente rural vivía con ingresos monetarios que no le permitía adquirir la canasta básica de alimentos que ya no podía producir. Aun con impericia, la reforma agraria liberal y después la reforma agraria militar, intentaron devolverle un equilibrio a esa ecuación.

La contrarreforma agraria, concretizada en la Ley de Modernización y Desarrollo Agrícola (1992), más la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con los EEUU (2005- 2006) ha dificultado la producción en baja escala de granos, aves, cerdos y vacunos y puesto en riesgo la seguridad alimentaria. Así Honduras ha pasado a depender de las importaciones de alimentos: más del 90% en el arroz, aproximadamente del 40% del maíz y el 20% de los frijoles, así como altos porcentajes de leche y carne, en especial porcina. Y es mal negocio. Nos cuesta más importar el maíz de la tortilla y el frijol desde Etiopia de lo que ganamos exportando azúcar a un mercado internacional volátil y aceite de palma.

Las organizaciones de campesinos y campesinas, de pueblos indígenas y afrodescendiente han mantenido en alto la demanda por la legalización de sus tierras y por el acceso a tierras para producir alimentos. Igualmente, exigen condiciones para asegurar la producción agrícola para la comunidad con créditos, asistencia técnica y acceso a los mercados. Pero no se oye padre.

Según cifras de la CEPAL y de la propia SAG, se perdieron más de 311,062 manzanas de cultivos: 150 mil de palma africana, 27 mil de caña de azúcar, 21 mil de frijol, 13 mil de cítricos, 12 mil de maíz, 10 mil de banano y plátano, cientos de cabezas de ganado. Y hubo graves daños en plantaciones de café, cacao, cítricos, hortalizas, pastos y fincas de peces. El paso de ETA e IOTA acabó con comunidades rurales enteras, fincas productivas y fue un fuerte golpe a la economía nacional, pues aún afecta el acceso a semillas, herramientas y capacidad de siembra.

Aunque la gran mayoría de esas pérdidas eran de las y los campesinos independientes y organizados, pequeños propietarios y los indígenas el gobierno, buscó favorecer a la élite agroempresarial.

El Presidente en Consejo de Ministros emitió los PCM 30 y PCM 41, con que aduciendo el riesgo de la escasez de alimentos en la post-pandemia ha puesto a disposición del sector agroindustrial las tierras fiscales, nacionales y ejidales “que pudiendo dedicarse a la produc- ción agropecuaria no estén siendo utilizadas para este fin”, mediante contratos de concesión con una duración de 20 años, prorrogables por 10 más. Mediante el pago del canon de 100 lempiras anuales por manzana. Poniendo a su disposición todo el crédito disponible. Y lue- go asignó 4 mil millones a las FFAA para siembras que no han dado cosechas. Todo lo que equivale a una nueva expropiación de ejidos y privatización de tierras nacionales.

La implementación de esa normativa implicará un intenso proceso de reconcentración de las tierras agrícolas en los grupos privilegiados y ahondará los conflictos agrarios y socio am- bientales con mayores costos en la infracción de los derechos humanos. Esto porque esta normativa se inscribe en un contexto de enormes irregularidades jurídicas y de graves ten- siones por la regularización de tenencia.

Propuestas en materia de desarrollo agropecuario y soberanía alimentaria:

Asegurar la legalización de las tierras agrícolas bajo el control de las agrupaciones de campesinos beneficiarias de la reforma agraria (retomando el propósito del Decreto 18-2008 del gobierno del Poder Ciudadano, después vaciado). Garantizando el acceso a esas tierras por igual de hombres y mujeres, tal como lo establece la ley.
Sanear y legalizar las tierras de los pueblos indígenas y afrodescendientes empezando con las que actualmente están en conflicto. Ateniéndonos a los compromisos legales vigentes, incluido el Tratado 169 de la OIT.
La pobreza debe ser erradicada y no cumplir con este objetivo, deberá ser tipificado como un delito de Estado. Elaborar una estrategia contra la pobreza rural y por la soberanía alimentaria, enfocada en las zonas de mayor pobreza, distribuyendo tierras ejidales, nacionales y fiscales para la producción agrícola y pecuaria para la subsistencia y el mercado local a costos más competitivos. Para ese fin,
Apoyar a los productores de granos básicos con insumos para el control de plagas, extensión técnica efectiva, subsidiando proyectos comunitarios de riego que aseguren las cosechas en épocas secas e instalando cajas rurales para dinamizar la economía agrícola en todo el país. Apoyar al sector campesino para encargarse del manejo de la cadena de valor de sus productos, sin necesidad de intermediarios que acaparan el mayor porcentaje de ganancias.
Asegurar el derecho de las comunidades rurales, pueblos indígenas y afrodescendientes a la consulta libre, previa e informada, con carácter vinculante, sobre cualquier proyecto agrícola que se quiera desarrollar en su vecindad por el Estado, empresas privadas (nacionales o extranjeras) de cualquier modalidad, o asociaciones público-privadas.
Rescatar y fortalecer BANADESA como banco de desarrollo que asegure a la pequeña y mediana producción agrícola, el otorgamiento de créditos a plazos prologa- dos, bajas tasas de interés y/o con garantías solidarias.
Fortalecer al Instituto Nacional Agrario (INA) como el ente rector del Estado en la legalización y redistribución de las tierras nacionales, ejidales y fiscales que queden vacías.
Incrementar la reserva estratégica nacional de granos básicos mediante la construcción de silos y bodegas regionales que aseguren la provisión de los principales productos agrícolas para consumo nacional y así reducir la especulación y volatilidad extrema de precios en los mercados. Con almacenamiento además de semillas para cobertura del 20% de un ciclo de siembra de maíz y frijol.
Promover el establecimiento de huertos familiares y comunitarios para producción de hortalizas y frutas de consumo local, priorizando el uso de semillas criollas. Así fortaleceremos la organización y mejoraremos la dieta.
Desarrollar un Programa Integral de Mejoramiento de la Ganadería Bovina, para proveer al sector servicios de control de epizootias, extensión técnica y mercadeo en subastas para el incremento sostenido de la producción, productividad, rentabilidad y mejora del manejo ambiental.
Impulsar la Reforma Agraria Integral es decir con crédito y asistencia, para que las familias campesinas puedan adquirir tierras y cultivarlas.