Vivienda

Este año pasado tuvimos que confinarnos para detener el contagio y es posible que eso se repita a futuro. “La vivienda se ha convertido así en la primera línea de defensa frente al corona virus. Pocas veces antes el hogar ha supuesto un asunto de vida o muerte,” explicó recientemente Leilani Farha, Relatora Especial de la ONU. Esto pone en evidencia la urgente necesidad absoluta de propuestas de vivienda segura, saludable, sostenible y resiliente. Una vivienda adecuada se considera como uno de los elementos importantes para la protección del Covid-19 y otros males, en todos los meses de confinamiento.

Leilani Farha, ex relatora de la ONU sobre vivienda adecuada: “El problema de la vivienda es un problema para la democracia”

Honduras mantiene desde hace décadas, un alto déficit habitacional, con muchos obstáculos para acceso a una vivienda de interés social o recursos para mejorarla. No hay una integración de la regulación y planificación nacional a largo plazo en la materia. El déficit habitacional consecuentemente crece año con año y se acumula, rondando hoy aproximadamente en el millón de viviendas, del cual el 65 % es un déficit cualitativo, es decir una necesidad de mejorar y ampliar la vivienda. Lógicamente los hogares con menores ingresos tienen una mayor alta tasa de hacinamiento y carencia.

Muchos y variados problemas dificultan un más eficiente desenvolvimiento en el sector de la vivienda y asentamientos. Las variables que más afectan son las:

• Jurídicas.
  A) Carencia de un marco legal e inseguridad jurídica del suelo.
  B) Y ausencia de un marco institucional adecuado que concentre recursos y asegure la unidad y el liderazgo sectorial.
  
  La propuesta del gobierno actual (Ley de marco de vivienda y de asentamientos humanos, Decreto No. 173-2019) plantea una visión excluyente. Se enfoca en la clase media alta sin considerar el área rural y grupos diversos. De igual modo, la Ley de beneficios de construcción de proyectos de vivienda social (Decreto No.95-2015) exonera de impuestos y permisos de construcción sin una regulación nacional, sin una base de planificación urbana y sin estipular mínimos de calidad.
  
  La falta de regulación, en permisos de construcción en zonas inundables fue un principal culpable de la tragedia provocada por los huracanes Iota y Eta de Noviembre del 2020 que – según COPECO- dejaron daños con un estimado de 25 mil viviendas afectadas y más de mil destruidas, cientos de miles de damnificados en busca de refugio, sin respuesta del gobierno, en covachas a la vera de las carreteras o bajo los puentes.

• Financieras: Intermediación bancaria obligada con requisititos duros. Las familias empobrecidas no tienen crédito, de modo que paradójicamente los recursos públicos se destinan con prioridad a vivienda comercial. El incremento al costo del cemento amenaza con dar un golpe letal a la industria de la construcción que no ha conseguido repuntar, según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) del BCH.
  
• Socioeconómicas: El desempleo y subempleo limitan el recurso de la gente para adquirir vivienda, en especial ante la especulación de precios, y difícil acceso a suelos. Dada la alta demanda, la especulación y la débil voluntad del Estado, que se traduce en poca inversión en proyectos concretos el acceso al suelo, tan esencial para tener una vivienda, es imposible para la población de bajo ingreso sin empleo permanente.
  
• Políticas: Desaparecimiento de los ejidos municipales. La carencia de una estrategia integral que incorpore el potencial de participación de la población con los recursos del Estado, gobiernos locales, empresa privada, economía social, sectores de sociedad civil y de cooperación internacional. La falta de un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial vinculante y de planes de desarrollo urbano, políticas de suelo, y de un equipo técnico regulador que asegure los criterios de habitabilidad como servicios básicos, sociales entre otros requisitos.
  
  Antes de la emergencia de los huracanes (supra) el gobierno contaba con recursos para fortalecer la capacidad de gestión integral del riesgo, responder rápida y eficazmente a la emergencia. Ejecutados con eficacia, esos recursos pudieron evitar pérdidas de vidas y daños de infraestructura y vivienda en las zonas afectadas, pero nadie sabe que se hizo con ese recurso. Ni ¿Dónde está el dinero?
  
  El gobierno actual lanzó el año pasado un concurso nacional de diseño de vivienda social,
  
  VIVIENDA CON DIGNIDAD PARA UNA VIDA MEJOR 2020. Pero el diseño único del proyecto incumple el criterio básico de que una vivienda se debe adecuar a cada situación climática, cultural, entorno y situación económica y da la espalda a los procesos de participación comunitaria. Otro ejemplo de política actual fallida es la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos (CONVIVIENDA), que ofrece tasas de interés más bajos, pero con muchos requerimientos, muy difíciles de cumplir aun por las organizaciones sociales más sólidas y eficientes de modo que la empresa privada consigue esos fondos preferentemente. Pero no puede atender las urgencias sociales.

Propuestas en materia de vivienda:

1. Reformar la Ley de vivienda y asentamientos humanos: Resolviendo temas de desarrollo urbano/rural y territorio, financiamiento e incentivos a organismos de sociedad civil para construir viviendas, regulados por un ente especializado, donde se controle que las propuestas sean adaptativas (enfocadas a diferentes grupos y contextos) y cumplan las características de vivienda social adecuada.
   
   
2. Creación de la Secretaria Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos: Una Secretaría Nacional, con el objetivo de aglutinar la dispersión de instituciones destinadas a vivienda, planificar, organizar y dirigir el sector, facilitar la gestión reduciendo el tiempo del proceso de solicitud y aprobación para la vivienda social, reducir los impuestos a los materiales de construcción. Y así garantizar el acceso a viviendas adecuadas a mediano y largo plazo.
   
3. Autogestión de la entidad de Vivienda: Para financiarse esa entidad podría vender servicios accesibles de asistencia técnica, estudio de suelos, diseño y planificación de proyectos habitacionales al sector público y privado (Cooperativas de Vivienda, Municipios, la Cooperación y otros). Y aun de facilitación de gestiones.
   
4. En zonas de riesgo: Programa de Vivienda de Emergencia Transitoria para impulsar al tiempo que se ejecutarán obras de mitigación- procesos de reconstrucción con resiliencia, con base a la organización y participación comunitaria y de repente del ejército, tomando en cuenta criterios técnicos de control de riesgos, cuando haga falta reubicación. Dicho programa tendrá un plan de acciones concretas, consensuado con la sociedad civil y cooperación.
   
5. Plan Nacional para la reubicación de viviendas ubicadas en zonas de riesgo y contaminación. Con ayuda de las municipalidades, y empezando por los asentamientos menos consolidados, con un Plan Nacional para reubicar a las personas que residen en los bordos de los ríos, a los que contaminan, construyéndoles vivienda básica con su colaboración de mano de obra y protegiendo las superficies desalojadas, convertidas en espacios recreativos y parques para practicar las artes y el deporte.
   
6. Impulsar un Plan de Vivienda Digna con acceso universal y mecanismos de subsidio financiero garantizando proyectos que privilegien sistemas de autoconstrucción, uso de materiales e insumos locales, que refuercen las capacidades locales para construir y puedan trabajarse desde la organización comunitaria o el cooperativismo.
   
7. Fomentar como política la construcción y mejoramiento de vivienda social adecuada: Proponemos la meta modesta de construir en 4 años de 85 mil unidades habitacionales (con opciones urbanas y rurales) y mejorar y/o ampliar otras 50 mil.
   
8. Producción Social de la Vivienda: Creación del programa de construcción social de vivienda, identificando a los líderes sociales -individuos y colectivos- que se puede apoyar para que emprendan las mejoras básicas necesarias de infraestructura de cada vivienda de sus barrios y aldeas, generando así junto a autoridades de gobierno una línea base del estado actual y necesidad futura de las viviendas.
   
9. Desarrollar un Observatorio Civil de la Vivienda, como un espacio ciudadano de monitoreo y evaluación de acciones del Estado y de políticas públicas. E implementar Comités Permanentes de Viviendas por barrio o colonia,